Erradicacion de la Hoja de Coca

Inicios:

La medida de erradicación de la hoja de coca se originó en el año 1961 con la Convención Única de Naciones Unidas sobre Estupefacientes[1], donde se penalizó a la hoja de coca con la finalidad de eliminarla en 25 años. Así, la hoja de Coca empezó a figurar como estupefaciente en la Lista I de la Convención Única de Nueva York de 1961.[2] A partir de lo estipulado en esta convención, surge la intervención Norteamericana y su política antidroga basada en la disminución de la oferta de cocaína. Esta política antidroga otorga una “Certificación” que consiste en la aprobación del cumplimiento de ciertas medidas, después que el gobierno norteamericano ha realizado una inspección anual a los países que reciben su ayuda económica, en los cuales se encuentra el Perú. Las tres condiciones para la “Certificación” son:
a) Erradicar anualmente 5400 hectáreas de plantación de hoja de coca.
b) Desarrollar un plan de erradicación de cultivos a mediano y largo plazo

c) Firmar un nuevo tratado de extradición.

Por el contrario, así como existe una “Certificación”, también, hay una “Descertificación” que se basa en la suspensión de ayuda económica hacia los países que no cumplen las condiciones establecidas y el impedimento de esta para obtener créditos del FMI y el Banco Mundial.[3]

Así, la erradicación de la hoja de Coca es una condición requerida para las inversiones y tratados comerciales con el Perú.

En la década de los años 60s, se empezó la construcción de carreteras y la “colonización” de la selva alta del Perú, el crimen organizado internacional incentivo el cultivo de la coca en estos territorios de la selva a través del financiamiento de la siembra y posterior compra de la hoja. Estos individuos se aprovecharon de la pobreza de la gran mayoría de familias y del desarrollo de violencia política durante los años 80. Así, la coca se convirtió en la fuente principal de ingresos para los campesinos que habitan la selva.[4]

En 1988, la Convención de Viena de 1961 fue cambiada por la Convención Única de Naciones Unidas contra el Trafico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, firmada en Viena, donde se establece el respeto de las costumbres tradicionales en aquellos lugares donde exista suficiente evidencia histórica.
El 7 de julio de 1994, Perú y Bolivia suscribieron la “Declaración de Ilo” con la finalidad de revalorizar la hoja de coca, cuyo principal objetivo era el retiro de este recurso natural de la Lista I de la Convención Única de 1961. [5]
En setiembre de ese mismo año, el Estado Peruano llevó a cabo una estrategia con el objetivo de enfrentar el problema de producción, tráfico y consumo ilícito de drogas en el ámbito nacional e internacional a través de la promulgación del Plan Nacional de Prevención y Control de Drogas 1994-2000 (PNPCD). Luego, en abril de 1996, se creó la Comisión de Lucha contra el Consumo de Drogas (CONTRADROGAS) bajo el decreto legislativo 824. Un año después, esta comisión publicó el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, Prevención y Rehabilitación 1997-2002 donde se establece que:
a) El fenómeno de la producción, o producción ilícita de drogas (PID), debe ser enfrentado como un problema socioeconómico, por lo que se debe incentivar un Programan Nacional de Desarrollo Alternativo (PNDA) integral y participativo y reconocer a los productores de coca como interlocutores válidos y favorecidos del apoyo estatal y la cooperación internacional.
b) El delito de narcotráfico o tráfico ilícito de drogas (TID) es seguido por el Estado, rechazado por la sociedad y enfrentado con acciones penal-represivas a través un trabajo de inteligencia y seguimiento, respetando los derechos humanos.
c) El problema del consumo o abuso ilícito de drogas (AID) es considerado que al desarrollo alternativo se le debe dar “la más alta prioridad durante el periodo 1994-2000.[6]
Las consecuencias nocivas del narcotráfico sobre la vida política, económica y social del Perú han sido ampliamente estudiadas, mientras que los efectos de las políticas de erradicación de la hoja de coca en el país todavía no han recibido la atención de los investigadores.

Los medios que han sido utilizados por las autoridades de nuestro país con el fin de erradicar los cultivos ilícitos en los últimos años han tenido dos columnas vertebrales según Walter Suarez, representante del Instituto Geográfico Nacional:

“(…) la primera lo constituye la sustitución de cultivos alternativos formulados por Contradrogas ( hoy Devida ), en cumplimiento de su rol y en coordinación con instituciones del Sector Público y Privado y la Cooperación Internacional, que elaboraron el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, Prevención y Rehabilitación 1998-2002, que convoco la participación de todos los Sectores del País y de la Cooperación Internacional en la lucha contra la producción y el consumo de drogas y la rehabilitación de los fármacodependientes y la segunda basada en la erradicación química de manejo compulsivo con una política de Interdicción policial, fundamentada en la erradicación de franjas cultivables”( Suarez : 2005)

La política ineficaz de erradicación forzosa en el Perú, ha traído como resultado la congregación de los productores agropecuarios de las cuencas cocaleras y, consecutivamente, la disposición en el 2000 de una Mesa de Diálogo con el Gobierno para negociar.[7] Por varios motivos, esencialmente por presiones de Estados Unidos, el Gobierno peruano es incapaz de encaminar adecuadamente las propuestas que vienen de abajo y adentro, de parte de un sector social importante aunque poco
numeroso, hacia políticas alternativas.[8]
Como resultado de los desincentivos formados para la producción de hoja de coca entre 1996 y 1998, la principal causa de la disminución del área cultivada fue el abandono voluntario y, en menor medida, la erradicación. Sin embargo, en los años posteriores, la aparición de nuevos cultivos actuó en sentido contrario a los esfuerzos de erradicación.[9]

Por otro lado se debe cuestionar, tales preguntas como, ¿hasta qué punto dicha medida ha sido la más acertada? ¿Es en realidad la cocaína el único futuro que le espera a esta planta que por cientos de años desempeñó un rol muy importante en la historia, religión y medicina de los pueblos sudamericanos? Si bien muchos argumentos podrían manifestarse para alegar denegadamente tales interrogaciones, no puede negarse que un porcentaje substancial de los cultivos de coca va a frenar a los productores y traficantes de clorhidrato y pasta básica de cocaína[10]

Tanto los campesinos como los coqueros tienen recursos para defenderse de las fumigaciones. Ambos abren otras parcelas en el bosque para sembrar de nuevo la coca y dejan en pastos las áreas fumigadas. Los campesinos lo hacen porque tienen que pagar las deudas con los comerciantes, y los empresarios para cumplir sus compromisos de producción. Los grandes intermediarios que compran la producción para las empresas narcotraficantes distribuyen sumas de dinero entre compradores locales[11]


[1] Cfr. El Comercio 2008.
[2] Cfr. Cabieses 1995: 64.
[3] Cfr. La lucha de las campesinas cocaleras 2010.
[4] Cfr. Ordinola y Rudolph 2010: 1.
[5] Cfr. El Comercio 2008.
[6] Cfr. Cabieses 1998:207.
[7] Cfr. Rospigliosi 2004: 139-145
[8] Cfr. Suarez 2005 : 86,87
[9] Cfr. Mayer 2005
[10] Cfr. PALESTRA :2004
[11] Cfr. Posada 1995 :90,91